Las procuradurías y fiscalías generales de justicia del país empezarán aplicar una guíaelaborada por la Procuraduría General de la República (PGR) para atender los delitos que se cometan contra periodistas.

Lo anterior fue acordado durante la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia que se celebró en el estado de Oaxaca, donde se aprobó el Protocolo Homologado de Investigación de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión.

El documento fue elaborado por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la PGR.

El protocolo será aplicado en todas las investigaciones relacionadas con agresiones a periodistas con motivo de su actividad.

Para su elaboración se solicitó la participación y consulta con organismos nacionales e internacionales en materia de protección a los derechos humanos, así como con especialistas de la sociedad civil.

El instrumento servirá a las fiscalías y procuradurías de todo el país, para que desde el inicio de la investigación se considere la especialización en este tipo de delitos y determinar la probable existencia del vínculo entre la libertad de expresión y el delito investigado, a través de la incorporación de planes de investigación especializados y la elaboración de análisis de contexto que permitan establecer una teoría del caso adecuada.

De acuerdo con la PGR, el protocolo incluye la metodología necesaria para que cualquier autoridad investigadora pueda contar con herramientas analíticas sobre el entorno relacionado con la agresión y el trabajo periodístico de las víctimas.

En septiembre pasado, Alfonso Durazo y Alejandro Encinas anunciaron una revisión “profunda” del mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, al considerar que se encuentra en “crisis”.

Tras participar en el foro para la pacificación y reconciliación nacional en Ciudad de México, en su apartado de libertad de expresión, Durazo, próximo titular de la Secretaría de Seguridad Pública (secretaría que aún no exite) detalló que en la administración que está por concluir han sido asesinados 118 periodistas y 106 defensores de derechos humanos.

“Lamentablemente no todos los protocolos han funcionado óptimamente, pues periodistas y defensores de derechos humanos han terminado asesinados, consecuentemente es imprescindible revisar el funcionamiento de esos organismos y también la estrategia para la protección, aseguró Durazo.

“El mecanismo tiene que ir de manera fortalecida y con el objetivo de garantizar una atención integral a todas las víctimas”, agregó.

A su vez, Encinas, futuro subsecretario de Gobernación, puntualizó que actualmente bajo este mecanismo de protección están registradas 702 personas, 307 periodistas 395 defensores de derechos humanos.

Afirmó que no se cuenta con el personal “con el nivel de calificación adecuado” para elaborar de forma oportuna y profesional el análisis para la elaboración de riesgos y el desarrollo específico de los nuevo protocolos.

Fuente: Milenio
Fotografía: josecardenas.com