La Secretaría de Gobernación (Segob) impugnó una resolución de una Juez que ordenaba que las autoridades del Estado de México reconozcan el retraso de cinco años que hubo en la declaración de la Alerta de Género, denunciaron organizaciones civiles.

“Nos deja muy consternadas porque el cumplimiento de esta sentencia era un acto de voluntad política. Era necesario que el Estado mexicano, en lo particular el sistema, y el Estado de México, cumplieran con esta sentencia”, dijo a SinEmbargo Nayomi Aoyama González, abogada de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos AC (CMDPDH).

Tanto el Estado, como el Estado de México, tenían a partir del 26 de noviembre diez días para impugnar la sentencia de amparo que la Jueza Segunda de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, Paula María García Villegas Sánchez Cordero, había otorgado a la CMDPDH.

La sentencia mandaba al Estado de México a ofrecer una disculpa pública por el retraso en la aplicación de la Alerta, que hiciera un compromiso escrito de que no sucedería nunca más y que se publicaran cifras confiables de feminicidios en la entidad.

“Que el Estado de México, y el Sistema no emitiera la Alerta de Género causó que los índices de violencia aumentara, las problemáticas, las desapariciones de mujeres. Si hubiera actuado en el marco de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, entonces, se hubieran evitado muchas muertes”, dijo González.

Sin embargo, la semana pasada, la CMDPH recibió la notificación de que la Secretaría de Gobernación, en su calidad de de presidente Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, acusó la asociación civil.

“Ellos dicen que nosotros estábamos reclamando la omisión en la declaración de la Alerta de Género y que como ya se declaró [a finales de julio], entones ya se subsanó, cuando no es así, porque nosotros lo que reclamamos es el retardo injustificado de más de cuatro años y medio en la declaración de Alerta de Género”, dijo Aoyama González.

Por su parte, Rodolfo Domínguez Márquez, abogado del Observatorio Nacional del Feminicidio, lamentó la renuencia de las autoridades a interponer este recurso de revisión, y destacó otros compromisos que el amparo otorgado incluía.

“También llama a la Procuraduría del Estado de México (PGJEM) a hacer una disculpa pública, porque determina que es una omisión de parte de la procuración de Justicia Se señala al Procurador como una persona que, a pesar de que se le solicitó información estadística sobre la situación de feminicidios en el estado, se negó a proporcionarla a pesar de que había un mandato judicial, y por tanto el incurrió en un desacato de autoridad judicial y eso también le derivó en una responsabilidad”, dijo.

El 28 de julio fue declarada la primera Alerta de Género del país, en once municipios del Estado de México, entre ellos: “Valle de Chalco Solidaridad, Chimalhuacán , Tlalnepantla de Baz, Toluca, Chalco, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Tultitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos e Ixtapaluca”. Y aunque a la fecha sigue constituyendo un logro de las organizaciones civiles, la incidencia de la violencia se ha mantenido.

La Alerta de Género fue solicitada desde el 2010, después de una ola de violencia en la entidad en contra de las mujeres. Entre el 2005 y el 2010, se reportaron 922 casos.

“Después de estas cifras, nosotros notamos por nuestro trabajo de documentación. Notamos un incremento en el número de feminicidios y asesinatos de mujeres, pero para esto el Gobierno del Estado ya no nos permitía ver datos oficiales”, dijo González.

Es de esta cuenta que la Juez ordenó la realización de una base de datos, con datos actualizados, para que además sean hechos públicos a la sociedad. Otros informes han expuesto la problemática que viven las mujeres en el Estado de México, el año pasado, el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género estableció que en el 2012 el mayor número de feminicidios se dio en el Estado de México con 388, seguido de Chihuahua con 269 y Guerrero con 237.

La referencia también concuerda con las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que señalan que en Chihuahua y el Estado de México la exposición a actos de violencia afecta al 80 y 78 por ciento de las mujeres, respectivamente.

No obstante, con la impugnación de la Segob, el amparo podría ser totalmente revocado. De acuerdo con el abogado René Sánchez Galindo, quien lleva varios casos de organizaciones civiles, la resolución de un recurso de revisión en este tipo de casos tardar de entre tres meses a un año, en promedio.

“En caso de un resultado negativo, las organizaciones pueden acudir a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH). Los litigios pueden ser onerosos por los viajes que hay que estar haciendo”, explicó.

EDOMEX UN PARADIGMA

A cinco meses de la instalación de la Alarma, el grupo civil, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, manifiesta que los avances han sido aprovechados políticamente por el Gobernador Eruviel Ávila Villegas, pero las mujeres siguen expuestas a altos grados de violencia, lo que supone una distorsión de lo que se esperó en un primer momento.

“Sin duda hay avances en términos normativos, que son muchos, y nosotras mismas como organizaciones hemos constituido apoyado y generado estas propuestas, pero ninguno de estos avances normativos formales ha logrado dinamizar la exigibilidad de los derechos humanos y su ejercicio real”, dijo Orfe Castillo Osorio, vocera del Consorcio.

Luego de tres negativas, el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM), encabezado por la Secretaría de Gobernación (Segob), aprobó por primera vez en su historia emitir la Alerta de Género en 11 municipios del Estado de México. Esta declaración no sólo llegó tarde, sino que formó parte de una maniobra política para evitar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación que terminaría por forzar su declaración por la vía legal, acusó en su momento David Mancera Figueroa, presidente de la organización civil en dicha entidad, Solidaridad por las Familias.

Los expertos que trabajan en este tema coinciden en que la impunidad que existe en el país hace que los feminicidios no disminuyan. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora el 25 de noviembre, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) especificó, con base a datos del 2013 y 2014, que cada día siete mujeres son asesinadas en el país.

El INEGI envió una misiva, en la que recoge la perspectiva de la antropóloga Marcela Lagarde que indica: “el feminicidio se diferencia del homicidio común cuando se trata de circunstancias específicas, que además se perpetran con saña, pero sobre todo en condiciones donde el estado y sus agentes no lo castigan, sino por el contrario existe impunidad ante estos hechos”.

De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), alrededor del mundo, el 35 por ciento de las mujeres y las niñas sufren alguna forma de violencia física o sexual a lo largo de sus vidas. Y hoy, hay más de 700 millones de mujeres que se casaron cuando eran menores de edad, al menos 250 millones con menos de 15 años. Esto de acuerdo con un información de la ONU, publicada el 25 de noviembre, hace que tengan menos posibilidades de “terminar su educación y más de sufrir violencia doméstica y complicaciones en el parto”.

Fuente: SinEmbargo

Fotografía: sinembargo.com